La lucha institucional contra la impunidad necesita de una Procuración fuerte, autónoma y extra-poder.
Asi se refirió el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de La Rioja, Délfor "Pocho" Brizuela, a lo que considera un lamentable retroceso, la modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Con la nueva ley que se propone prácticamente se desmantela la envergadura institucional que tenia la Procuración Nacional, para ser más eficiente en la investigación y acusación de delitos graves y acercar la lucha contra la impunidad a sectores sociales que no tenian acceso fácil a las instancias penales, en defensa de sus derechos vulnerados.
Señala el Secretario la preocupación por el modo de designación del/la Procurador/a, que solo necesita de mayoria absoluta de las Cámaras, e igual porcentaje para su destitución, facilitando la imposición del poder ejecutivo de su criterio en ambas circunstancias, sin la construcción de un consenso o acuerdo democrático con la pluralidad de fuerzas politicas, que es el mecanismo que garantiza mayor idoneidad, razonabilidad e imparcialidad en el acto de designación o destitución del/la Procurador/a.
También observa, como otra expresión de limitación y achicamiento institucional, el período de duración en el cargo del/la Procurador/a, de apenas cinco años.
Ya es negativo que no se use el mecanismo que mejor protege el derecho de defensa de una autoridad designada indirectamente por el pueblo, que es la institución del juicio político, para su destitución con debido proceso y defensa en juicio.
También advierte, en consonancia con manifestaciones de la Conferencia Episcopal Argentina, la no inclusión en la reforma del programa "Atajo", que sirvió para un efectivo acceso a la justicia de sectores vulnerables.
Finalmente señala Brizuela, el no mantener la estabilidad de las Unidades Fiscales especializadas, dejándolas a criterio del/la Procurador/a su funcionamiento y constitución, sabiendo que ellas han sido una fortaleza y respaldo a los fiscales, para llevar adelante investigaciones y sostener acusaciones, en causas sobre delitos gravisimos, como son los de Lesa Humanidad, trata de personas y violencia Institucional, que vulneran derechos fundamentales del ser humano.
Es por eso que pido a nuestros legisladores nacionales que planteen estos cuestionamientos, y que no apueben con su voto el texto tal cuál fue enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, que sería un franco retroceso en la lucha contra la impunidad, finalizó.
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