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Violencia
digital:
de usuarios a ciudadanos
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María
José Carrera
ALAI
AMLATINA, 16/10/2017.-
Cada vez es más frecuente toparse con
situaciones en que la integridad, seguridad y privacidad de
las personas se ven
vulneradas dentro del mundo digital. Esta problemática
conocida como violencia
digital, tal como sugirió Eduardo Rojas,
presidente de la Fundación REDES de Bolivia, ha puesto en
evidencia la
necesidad de incrementar esfuerzos en la protección de los
derechos de los
ciudadanos que usan Internet.
En
el marco del Encuentro Regional Diálogos por una Internet
Ciudadana* que
se desarrolló en Quito del 27 al 29 de septiembre, al hablar
de violencia
digital, Eduardo Rojas hizo referencia a las relaciones de
poder en las que una
persona o un grupo de personas, incluyendo Estados o empresas,
ejercen poder
para limitar las libertades de otros valiéndose de la
tecnología digital, ya
sea a través de la transferencia de texto, audio o video.
Es
así que, a partir del surgimiento
del concepto de violencia digital, las máquinas y las bases de
datos, antes
consideradas como bienes patrimoniales, pasaron a ser vistas
como un bien
jurídico natural, “un derecho personalísimo, como tu vida,
como tu identidad”,
afirmó el experto, quien también señaló que, a diferencia del
cibercrimen y la
ciberseguridad que únicamente protegen una base de datos y al
dueño de ésta, la
violencia digital amplía esta protección a los millones de
ciudadanos que hacen
uso de estas plataformas digitales. Entonces, el diagnóstico
global de
violencia digital empieza a entender los patrones sociales y
culturales que se
están viviendo hoy a nivel global en el ámbito real y virtual.
Pero,
¿por qué es tan importante
proteger a los internautas? Principalmente, porque dentro del
mundo digital
hemos dejado de ser ciudadanos para convertirnos en usuarios.
Enmarcado en la
cultura de consumo, el ser humano es literalmente un cliente,
que a causa de
una relación de mercado monopólica se ve forzado a acatar una
serie de normas
para poder usar un servicio que le ofrecen en línea, así lo
mencionó el
presidente de la Fundación REDES. Por ejemplo, al aceptar los
términos y
condiciones de uso de una red social como Facebook, Snapchat,
WhatsApp o cualquier
plataforma digital, incluyendo Google o YouTube, usted está
cediendo derechos
mediante la firma de un contrato virtual. Por tanto, según
Eduardo Rojas, lo
que se pretende a partir de la implementación del concepto de
violencia digital
es romper esa lógica de usuario-cliente y subirla a la
categoría de ciudadano.
El
especialista aseguró que el mundo
digital hoy es una relación de mercado, por cuanto a las
empresas en Internet
no les interesa la identidad, la voz ni el rostro de la
persona, sino su
perfil, porque así la convierten en sujeto-mercancía y hacen
dinero con su
información. Muestra de ello es cuando la información
almacenada en las bases
de datos es utilizada para generar modelos de negocios; no
obstante, ninguno de
los consumidores o usuarios recibe compensación económica a
cambio, pese a que brinda
toda su información y expone su vida públicamente.
Por
una cultura digital inteligente
Si
la violencia digital es el impacto
negativo de la falta de cultura digital, Eduardo Rojas está
convencido de que
para crear esa tan necesaria cultura digital primero es
preciso entender a la
ciudadanía del siglo XXI, sabiendo que se trata de personas
que tienen
celulares inteligentes, autos inteligentes, pero que carecen
de una cultura
digital inteligente. Esto podría deberse a la facilidad de
acceso que los
jóvenes contemporáneos tienen a la tecnología; sin embargo,
Rojas precisó que las
reglas y restricciones de navegación están siendo obviadas por
la familia o la
escuela que no se encargan de la educación de niños y
adolescentes en lo que
respecta a temas digitales.
En
América Latina y a nivel global hay
una tendencia que proclama ‘una computadora por niño’ o la
idea de que dar un
celular al estudiante lo hará más inteligente.
Paradójicamente, de acuerdo a
Eduardo Rojas, las estadísticas en Bolivia revelaron que el
20% de los niños
que usan teléfonos celulares ha dejado de comunicarse con su
familia, 20% ha
dejado de hacer deportes, 20% ha dejado de salir a divertirse
y 20% ha dejado,
literalmente, de promover iniciativas de estudio.
El
resultado es que “hoy tienes a unos
ciudadanos generacionalmente colonizados por contenidos
digitales interactivos
en manos de grandes empresas trasnacionales, que lo que están
haciendo es configurarlos
como ciudadanos sin vida privada en el espacio público que
además de ser local,
es global y es virtual”, sostuvo el experto. Por tanto, es
imprescindible formar
ciudadanos más críticos, que sean capaces de discernir los
contenidos que
reciben a través de Internet y no se limiten a cumplir un
papel de
consumidores. Para ello es importante trabajar en pro de la
economía del
conocimiento, que tiene como base fundamental el desarrollo de
la inteligencia
y la inteligencia con información digital, resaltó.
Ante
esta realidad, Bolivia ha
empezado a trabajar en la elaboración de proyectos de ley de
prevención de la
violencia digital. Esta iniciativa, que se espera se masifique
a escala
planetaria, es importante en la medida de que, actualmente en
el país sudamericano,
no existe un marco legislativo que proteja al usuario de esta
relación
obligatoria no consentida de ser consumidor, teniendo en
cuenta que ser
usuario-consumidor no es lo mismo que ser ciudadano. Asimismo,
se ha creado un
repositorio de casos de violencia digital donde se recopilan
notas de prensa de
todo el mundo, con el objetivo de contextualizar cada caso al
ámbito nacional,
para luego con un equipo transdisciplinario de abogados,
sociólogos,
politólogos, militares y policías determinar qué
procedimientos se deberían
seguir ante cada situación.
Por
otro lado, Eduardo Rojas explicó
que, basados en la idea que un profesional que atiende casos
de violencia
digital debe tener conocimientos de economía, seguridad
informática, sistemas o
programación –o por lo menos de cómo funciona ese mercado-, de
política global,
nacional y local, así como de cultura digital, derechos
humanos, psicología y
sistema judicial, en Bolivia se ha generado una perspectiva
transdisciplinaria
que se resume en una visión social de la tecnología que además
de entender al
patrimonio y al dueño, considera sobre todo a los usuarios.
“Iniciativas como
esta son fundamentales para todas las constituciones políticas
de los Estados
de América Latina y el mundo”, remarcó Rojas.
*
Para más información sobre el
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