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Norteamérica / Centroamérica:
Entre
la violencia y la migración: el plan que no alcanza
Rodrigo Yedra
ALAI AMLATINA, 06/10/2017.- La injerencia del gobierno
de Estados Unidos en América Latina y el Caribe ha
sido compleja y problemática a lo largo del siglo XX. El derecho de intervención
para garantizar el
cumplimiento de la democracia,
así
como mantener la seguridad en la región, han servido como
pretextos para
ejercer presión diplomática y militar, llegando a imponer
sanciones económicas
e incluso desplegar fuerzas de ocupación en casi cualquier país
latinoamericano
y del mundo.
En pleno
siglo XXI surge un
nuevo andamiaje de planes económicos, iniciativas militares y
acuerdos
políticos que buscan consolidar nuevamente la presencia
hegemónica de Estados
Unidos en la región. A
decir del Buró de
Asuntos del Hemisferio Occidental (WHA) “la ayuda
estadounidense a la región responde directamente a las
prioridades políticas de
los Estados Unidos, en particular la ampliación de asistencia
para
Centroamérica”. (CBJ,
2016)
Es en este contexto que surge el Plan de la Alianza para la
Prosperidad de
los Países del Triángulo Norte (PAPTN), propuesto en 2014 ante
el Congreso de
Estados Unidos por los gobiernos de El Salvador, Guatemala y
Honduras. Este Plan,
apoyado por el gobierno de Obama y
asesorado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene
como líneas
estratégicas desarrollar el capital humano, mejorar la seguridad
ciudadana y el
acceso a la justicia, dinamizar el sector productivo y
fortalecer las instituciones.
El antecedente directo de la Alianza para la Prosperidad de
los Países del
Triángulo Norte se puede ubicar, primero, en el despliegue
económico y militar
que estableció el gobierno de Bush en 2008 mediante la
Iniciativa Mérida. Después,
en 2010, el gobierno de Obama lanzó
la Iniciativa
Regional de Seguridad para América Central (CARSI). Ambas señalaban la
importancia de fomentar el
desarrollo de los países de la región por medio de inversiones y
con ello
mejorar la seguridad, desalentar la migración, disminuir la
violencia y el
tráfico de drogas.
De
acuerdo con
el WHA, los programas
impulsados
dieron prioridad a objetivos críticos de seguridad nacional de
EEUU, entre
ellos prevenir la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y
humanos y los
actos de terrorismo. Con
la llegada de
Trump a la Casa Blanca el WHA incluyó algunos lineamientos
referidos a los
acuerdos comerciales bilaterales, que apoyará siempre y cuando
“respeten la
soberanía nacional de los Estados Unidos y promuevan la
inversión y el empleo
en los Estados Unidos.” (CBJ, 2018)
Nuevamente se ponen a la mesa los temas vinculados con la
ayuda económica
para los países menos
desarrollados,
la capacitación y creación de infraestructuras para fomentar la
seguridad
económica, así como la prevención de contingencias climáticas y
el infaltable
apoyo y asesoría militar.
La migración como
alternativa
La
Región del
Triángulo Norte (RTN) aporta una gran cantidad de personas que
migran,
principalmente por la falta de alternativas económicas y la
violencia derivada
de las agresiones, amenazas, extorsiones o intentos de
reclutamiento forzoso de
bandas criminales.
De acuerdo con la Oficina de
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
el tráfico de cocaína es la principal actividad ilegal en la
RTN, acompañada
por la trata, la explotación sexual y el secuestro de migrantes
por parte de
grupos criminales para exigir rescate. Los asesinatos en
la región
sumaron 15 mil en 2016, con una tasa de homicidios de 108 en El
Salvador, 63 en
Honduras y 35 en Guatemala por cada 100 mil habitantes en 2015,
convirtiéndola
en una de las zonas más violentas del mundo. (UNDOC: 2014)
A partir del 2014 el incremento de menores de edad que
intentaron migrar
hacia Estados Unidos generó una alerta debido a que se
contabilizaron 50,303
niños procedentes de los países del triángulo (PAPTN, 2015). La migración interna es otra
realidad en la
región, el
índice de desplazados internos en Honduras sumó 174,000 entre
2004 y 2014.
(ACNUR, 2016).
El
número de migrantes
indocumentados detenidos en México pasó de 61,334 en 2011 a
152,231 en 2016. De
ellos, el 80.7% provenía de los países de la
RTN. En el caso de los
menores detenidos
se contabilizaron 4,129 en 2011 frente a 40,542 en 2016. De este total, el 12.7% eran
niños menores de
11 años que viajaban sin un adulto acompañante. (MSF, 2017)
En el ámbito económico las remesas se mantienen como una de
las principales
fuentes de ingreso familiar en Centroamérica. En el caso de Guatemala
representaron el 10%
del PIB en 2016, y se prevé que alcanzará los 7,733 millones
de dólares (md) en este 2017. Por
su
parte, El Salvador recibió 4,576 md en 2016, el 17% de su PIB y
Honduras 3,949
md, equivalentes al 6.0% del PIB. Dentro
de los primeros 10 países a nivel mundial que reciben remesas
desde EU se
encuentra México (1), Guatemala (6), El Salvador (8) y Honduras
(10). El grado de
dependencia que tienen estos
países con respecto a las remesas, y la falta de alternativas
económicas,
mantiene el éxodo anual que sigue en aumento.
La ayuda militar
El presupuesto solicitado por el WHA para el 2018 asciende a
1,1 mil
millones de dólares. Dicho
presupuesto
se subdivide en 5 grupos principales: 460 md para América
Central, 85 md para
la Iniciativa Mérida, 251 md para el Plan Colombia, 157 md para
Haití, 49 md
destinados a Perú y 36 md para la Iniciativa de Seguridad de la
Cuenca del
Caribe (CBSI).
El presupuesto asignado para Centroamérica se destinará en
2018 principalmente
a los programas de Educación y Formación Militar Internacional
(IMET), con un
monto de 2,310 md, y al Fondo de Apoyo y Desarrollo Económico
(ESDF), con 189,500 md. (CBJ, 2018)
Las operaciones militares en la
región han aumentado con la presencia de la Fuerza de Tarea
Especial de la
Marina Aérea del Comando Sur, la cual desde julio pasado ha
realizado
actividades en la región, entre ellas la construcción
de una instalación de
Operaciones Militares en Terreno Urbano en Jutiapa, Guatemala;
así como el
entrenamiento de proyectos de ingeniería y operaciones de
seguridad a sus
contrapartes de Honduras, Guatemala, Belice y El Salvador.
(Southcom, 2017)
Además, la conformación de estructuras supranacionales sigue
un patrón que
facilita y justifica la intervención de fuerzas militares,
ejemplo de ello es
la conformación de la Fuerza
Trinacional contra el crimen organizado, así como las reuniones de Grupos de Alto
Nivel de Seguridad (GANSEG) para la coordinación
interinstitucional y el
fortalecimiento de las instituciones con los países de Triángulo
del Norte.
(CENTSEC, 2017)
En contraste, a pesar de los financiamientos dirigidos a la
región, la
violencia no cesa. Aun
cuando Guatemala
(22.5%), Honduras (17.3%) y El Salvador (16.3%) recibieron el
mayor porcentaje
de presupuesto del CARSI entre 2008 y 2012, no ha disminuido la
violencia, el
índice de asesinatos, ni la migración.
Los proyectos y la ayuda económica
En
la Conferencia
sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, celebrada en
Miami se relanzó la
Alianza para la
Prosperidad de los Países
del Triángulo Norte. A pesar de la
reducción anunciada por el gobierno de Trump, el BID, los gobiernos de El
Salvador, Guatemala
y Honduras y el sector privado anunciaron que invertirán 2,500
md en proyectos
en energía, transporte, agua y turismo en esos países, algunos de ellos impulsados desde
el Fondo
Yucatán.[1]
Entre
las críticas
presentadas a la Alianza
para la
Prosperidad de los Países del Triángulo Norte por el
movimiento social, académicos y ONGs señalan la falta de
atención a las causas
estructurales que provocan la migración.[2]
Proponen que las
inversiones deben priorizar el
mejoramiento de las condiciones de salud, calidad educativa y
seguridad en los
municipios con mayor población migrante. La falta de respuestas
comunes que tomen en
cuenta a los distintos sectores involucrados en el problema
seguirá promoviendo
planes, iniciativas y acuerdos que no logren construir
propuestas
complementarias que no respondan solo al interés del mercado.
A
pesar de las
inversiones realizadas y de los planes propuestos, Centroamérica
vive uno de
sus peores momentos. La
violencia
desencadenada por el narcotráfico, la apropiación de recursos
naturales por
parte de empresas y la falta de instituciones
capaces de brindar justicia imparcial a las
víctimas de la violencia y que logren combatir la corrupción,
mantendrán a la Región
del Triángulo del Norte en un círculo de violencia que seguirá
alimentando su
origen.
Rodrigo
Yedra es miembro
del
Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.
Fuentes
consultadas:
ACNUR (2016) Respuesta regional a la
situación del Triángulo Norte de Centroamérica.
Department of State
(2017) Congressional Budget
Justification, Foreign Operations, and Related Programs Fiscal
Year 2018.
UNDOC (2012) Delincuencia Organizada Transnacional en
Centroamérica y
el Caribe:
Una
Evaluación de las Amenazas.
Médicos sin Fronteras
(2017) Forzados a huir del
Triángulo Norte de
Centroamérica:
una crisis humanitaria olvidada.
Plan
Regional Preparado por El Salvador, Guatemala y Honduras (2015)
Plan de la
Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.
Southcom
(2017) SPMAGTF-SC
Marines work with
Guatemalan counterparts
on infrastructure
improvement projects.
[1] Fondo de
Infraestructura para Mesoamérica y
los Países del Caribe (Fondo Yucatán). Desde
2012 a 2017, se han aprobado 129.7 millones de dólares para
16 proyectos en 11
países de CA. Entre
los proyectos
impulsados están la Red Internacional de Carreteras
Mesoamericanas (RICAM) y el
Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América
Central (SIEPAC)
pertenecientes al Proyecto Mesoamericano.
[2] La falta de
claridad sobre el uso de los recursos destinados; la
corrupción; mantener la
propuesta de desarrollo basada en inversiones en
agroindustria, industria
extractiva y maquilas promoviendo privilegios fiscales a los
inversores; la
falta de consulta a la sociedad civil y comunidades
afectadas; desarrollar una
metodología compartida para trabajar en los municipios más
necesitados, los
bajos salarios del trabajo formal que contrastan con las
ganancias derivadas de
trabajo ilegal.
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