De acuerdo con las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, expresadas en la Opinión N° 31/2016, la Asociación de Abogados Laboralistas exige la inmediata liberación de Milagro Sala y demás miembros de la agrupación Tupac Amaru, quienes se encuentran detenidos desde el 16 de enero del corriente año, en la Provincia de Jujuy, en total ausencia de los requisitos procesales y sustanciales para el dictado de la prisión preventiva.
Según consta en el mentado informe, el Grupo de Trabajo de la ONU realizó un pormenorizado estudio del caso, evaluó el devenir de los hechos que terminaron con la detención de los militantes sociales (negativa al diálogo de las autoridades provinciales, vaguedad de las conductas imputadas, imputación de hechos vinculados a una protesta social, desconocimiento de la calidad de Parlamentaria de la Sra. Sala y de los fueros correspondientes, etc.) y consideró que se trata de una detención arbitraria, solicitando por ende al Estado Argentina la inmediata liberación de Milagro Sala.
Tal como lo expresáramos al momento de la detención, la situación descripta demuestra la falta de vigencia de las garantías constitucionales en la Provincia de Jujuy (debido proceso y defensa en juicio, entre otras), lo cual genera un grave precedente y compromete la responsabilidad internacional del Estado Argentino.
Asimismo, expresa una ruptura con la tradición de nuestro país en materia de cumplimiento de los derechos humanos fundamentales, a partir del retorno de la democracia en 1983, vulnerando los pilares del Estado social y democrático de derecho plasmados en nuestra Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales ratificados.
Por todo ello, la AAL repudia la criminalización de la protesta expresada en este caso y exige a las autoridades provinciales y nacionales procedan a cumplir con lo prescripto por el Grupo de Trabajo de la ONU, efectivizando la inmediata libertad de Milagro Sala y el resto de militantes sociales detenidos sin causa que lo justifique, bajo el riesgo de incurrir en un ilícito internacional.
Asimismo, se solicita el cierre inmediato de todas las causas abiertas contra manifestantes, activistas y/o representantes sindicales y el cese de cualquier medida que implique la criminalización de la protesta social y del derecho de huelga, garantizando la plena vigencia de los derechos constitucionales.
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