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viernes, 17 de junio de 2016

Tinkunaco 0888/16 - Re: Boletín diario del Portal Libertario OACA




Boletín diario del Portal Libertario OACA

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Posted: 16 Jun 2016 10:33 AM PDT
La Audiencia Nacional afirma que, tras ocho meses de investigación, sólo se ha probado que las nueve personas detenidas militan en colectivos anarquistas, pero no hay ni siquiera indicios de que hayan participado en la comisión de delitos.
"Los investigados asisten a determinadas reuniones, que se reúnen en sitios públicos, y que mantienen conversaciones, sin que se refiera en ninguna de ellas hechos relacionados con actividades terroristas". Ésta es una de las conclusiones alcanzadas por el Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional después de ocho meses de investigación sobre las nueve personas detenidas, el 28 de octubre de 2015, en Barcelona y Manresa en el marco de la segunda fase de la operación Pandora contra el supuesto "terrorismo anarquista". Uno de los detenidos estuvo en prisión preventiva durante varias semanas.
La titular del juzgado, la magistrada Carmen Lamena, ha decidido archivar el causa contra estas nueve personas, a las que los Mossos d'Esquadra acusaba de pertenencia a organización terrorista.
Leer más: Nueve detenciones en una nueva fase de la Operación Pandora
El auto señala que de cada uno de los investigados se han referido acciones pasadas ya y se ha afirmado su integración en determinados grupos anarquistas catalanas –denominados en el auto también con las siglas GAC como Grupos Anarquistas Catalanes–, "sin que se les relacione con acciones concretas constitutivas de delito".
En cuanto a los registros realizados el día que tuvo lugar esta segunda fase de la operación Pandora, el auto apunta que "pese al tiempo transcurrido" los investigadores no han aportado aún resultado del estudio de los dispositivos informáticos y documentos intervenidos. El auto hace referencia también a la sentencia de Mónica y Francisco, en la que el tribunal descartó la teoría del "terrorismo anarquista"
Leer más: La Audiencia Nacional condena a 12 años de prisión a los acusados por la detonación de El Pilar
"El único resultado obtenido por los investigadores es la comprobación de que los investigados se relacionan con personas del colectivo anarquista. En los sucesivos oficios se han limitado a informar sobre sus reuniones, viajes y visitas a centros penitenciarios", explica el auto. "Ante tan escasos resultados, estimo que no se han obtenido en el presente procedimiento datos objetivos, accesibles a terceros y verificables que puedan considerarse indicios para afirmar, ni siquiera de manera indiciaria, la participación de los investigados en los hechos que se les imputa", continúa.
La magistrada finaliza el texto afirmando que no hay avances que permitan continuar la investigación y que el Ministerio Fiscal se ha limitado a "afirmar de manera genérica la existencia de indicios sin concreción alguna sobre persona determinada".
 

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Posted: 16 Jun 2016 03:52 AM PDT
En el año 2014, un compañero de este sindicato que trabajaba de becario en la Universidad de Alcalá presentó un escrito de reclamación en el Registro General de esta universidad. En el mismo se denunciaba que las labores que estaba realizando no tenían relación ninguna con la formación académica, no seguía ningún plan formativo, y que dichas labores son esenciales para el normal funcionamiento de la universidad, por lo que estaba encubriendo un puesto de trabajo. La respuesta de la universidad fue la de no renovarle la beca, quedándose el compañero en la calle. Así, desde el Sindicato de Enseñanza e Intervención Social de CNT Madrid se abrió un conflicto con la Universidad de Alcalá de Henares.
Ante la injusta sentencia del Juzgado de lo Social de Madrid, se presentó en julio de 2015 recurso ante el TSJM. En la sentencia del Juzgado de lo Social se reconoció que:
La labor que ha estado realizando el compañero no tenía efecto formativo, sino “el contenido propio de una categoría profesional prevista en el convenio colectivo de aplicación”.
Que se le debería atribuir una retribución superior al importe de la llamada “beca”.
Que estas labores descargan las funciones de los funcionarios, y son esenciales para el funcionamiento de la universidad.
Pero aun habiendo reconocido el juez las irregularidades que denunciamos, este desestimó la demanda. Sin embargo, el TSJM nos ha dado la razón a la CNT, reconociendo que:
Los aspectos formativos están ausentes en la beca y que las labores que desempeñaba nuestro compañero no tenían relación alguna con unos estudios de ingeniería.
Que no recibió la formación teórica-práctica ni un programa de formación que requiere el reglamento de becarios de la UAH.
Que se ha llevado a cabo una sustitución de personal funcionario por incapacidad temporal.
Que la UAH esta llevando a cabo un negocio encubierto a través de este modelo de contratación.
Que se ha violado la garantía de indemnidad(1), puesto que la beca no le fue renovada por presentar la reclamación.
Por ello, el despido ha sido declarado nulo, debiendo ser readmitido y abonados los salarios de tramitación correspondientes. Otra vez ha quedado patente que contra los ataques del neoliberalismo, la organización y la movilización son la única solución para frenar sus embestidas.
La finalidad de la contratación precaria bajo el modelo de beca no es la ordenación productiva, ni que la actividad del becario genere beneficios a la empresa, sino ayudar a la formación del becario, como hemos denunciado desde CNT y ha sido reconocido por el juzgado. Pero la realidad es bien distinta, a día de hoy es una lacra que cada vez se está extendiendo más en las universidades públicas, así como en ámbitos privados. Una fórmula para precarizar puestos de trabajo: salarios más bajos o el desarrollo de la actividad sin percibir ningún tipo de remuneración, cotización mínima a la Seguridad Social, sin derecho a prestación por desempleo, sin derecho a vacaciones, sin un mínimo de estabilidad laboral, pudiendo ser despedidos en cualquier momento y sin indemnización.

Mientras el discurso de las universidades sigue siendo el de usar al PP o a la “derecha” como chivo expiatorio, ellos siguen aplicando políticas bastante similares a las del partido político que tanto critican, mercantilizando la universidad y explotando a jóvenes que solo quieren poder insertarse en el mercado laboral y tener una vida digna.
Que una universidad pública como la UAH que se vanagloria de socialdemócrata y prestigiosa, use este tipo de tretas para ahorrarse personal y aprovecharse de los estudiantes que tienen que buscarse la vida para pagar los desorbitados precios de los grados y los másteres que nos ha traído el Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia), da la idea del negro porvenir que nos depara a los trabajadores y estudiantes de las universidades públicas.
Por supuesto, ellos seguirán relacionando a la CNT con la imagen que les interesa, la de bombas y violencia. Nosotros sin embargo seguimos demostrando que somos una organización independiente del poder político. Proponemos a los trabajadores la organización entre iguales, para plantar cara a la maquinaria neoliberal luchando desde la coherencia, la solidaridad y la acción, dado que es el único medio que nos da garantías para frenarles. Por eso seguimos animando a los trabajadores precarios (becarios o subcontratados), personal laboral y estudiantes a que se organicen en CNT y juntos plantemos cara a la precariedad laboral en las universidades, tanto en la UAH como en todas las demás.
Contra la precariedad laboral
Por la contratación fija y directa

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Posted: 16 Jun 2016 03:12 AM PDT
Para cuando se escriben estas líneas, cerca de 15 jornaleros del Sindicato Andaluz Trabajadores llevan casi 20 días en huelga de hambre en Madrid, exigiendo la libertad de An­drés Bódalo.
Nahuel, Alfon y otros cuantos siguen en prisión. Los titiriteros de la discordia, junto a numerosos músicos, actores y simples ciudadanos, tienen procedimientos abiertos pordelitos de opinión, que la jungla legal vigente equipara con el terrorismo. Numerosos autores de twits indiscretos, baladronadas, simples ocurrencias o verdades como puños en 140 caracteres han tenido que visitar, como acusados, la Audiencia Nacional, como Boro, de la página web contrainformativa La Haine.
Decía Cesare Beccaria, uno de los fundadores del garantismo penal en tiempos de la Ilus­tración europea, que el estado de civilización de una sociedad podía determinarse por el estado de sus cárceles. Te­niendo en cuenta que las nuestras parecen a punto de llenarse de sindicalistas, intelectuales, jóvenes estudiantes, artistas y periodistas, cabría determinar que, efectivamente, la nuestra es una sociedad ilustrada. Qui­zás más, y ése el problema, que los estamentos que tienen que hacer cumplir la ley, y que los que la pergeñan.
Las transformaciones que han sufrido la totalidad de las normas represivas del Estado en los últimos años han sido de un tremendo calado. Tanto las normas penales como las administrativas sancionadoras se han alimentado, hasta sus tuétanos, del discurso de lo que Zaffaroni ha llamado el "derecho penal del enemigo".
Se trata de una forma de entender las normas punitivas que se aleja cada vez más del garantismo liberal clásico, inspirado en la Ilustración. Ya no se persiguen conductas concretas, en un marco de amplias garantías para el presunto inocente, sino que se persigue a sujetos sociales identificados con el sesgo de 'peligrosos', antes incluso de que cometan conducta alguna, mediante un aparato penal tentacular que alcanza todos los aspectos de la realidad y todos los ámbitos de la vida individual, transformada en transparente.
El 'sujeto peligroso' debe ser vigilado en todo momento, y sus conductas habituales, afecten o no gravemente a los bienes jurídicos más importantes, tipificadas con diligencia para poder ser reprimidas de inmediato. Los medios de comunicación, al tiempo, alimentan la hoguera de los nuevos autos de fe.
Que este tipo de legislación iba a estar destinada finalmente a los actores principales de la oposición social y política, era de esperar. La conocida vis expansiva de las legislaciones especiales, su capacidad de extenderse indefinidamente una vez han sido aprobadas, se une en este caso con las angustias y la inseguridad de un régimen discutido y debilitado. Cooptar a los líderes y reprimir a quien siga dando la tabarra es una vieja estrategia del poder.
Esta legislación, hard law en estado puro, contrasta fuertemente con las normas de derecho positivo que deben cumplir otros sectores sociales: desde un Derecho Mercantil que ha desterrado la insolvencia punible y ha legalizado todo tipo de instrumentos financieros que navegan por el proceloso mundo de la estafa impune, hasta un Derecho Laboral que busca las maneras de evitar la judicialización del conflicto por la vía de la búsqueda insomne del arbitraje obligatorio.
Quien no quiera ver un asunto de clase en la dicotomía entre hard law y cárcel para los sindicalistas y soft law y tribunales ad hoc para los inversores, no entiende de qué va el derecho postmoderno de la gobernanza neoliberal.
El liberalismo de nuestros dirigentes se agota en el laissez faire, laissez passer para los oligopolios y las transnacionales. Para reprimir a los más sí quieren Estado, mucho Estado.
José Luis Carretero Miramar

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