El flamante Gobernador de la
Provincia de Jujuy, Gerardo Morales, aliado clave en el triunfo que llevó a
Mauricio Macri a la presidencia de la Nación e indiscutido exponente del ala
más conservadora en su partido y en su provincia, ha impulsado, desde el
instante mismo en que asumió la gobernación, una política de abierta y
sistemática persecución hacia las organizaciones sociales que allí actúan,
personificando sus ataques en la figura de Milagro Sala.
La elección en modo alguno es
casual. Milagro definitivamente irrita. Molesta su origen, su historia, su
piel, sus modos, su capacidad y su convicción, como también exasperan las
escuelas, las casas, las piletas, las fábricas y los centros de salud erigidos
por la Organización Barrial Tupac Amaru. Pero lo imperdonable, lo indigerible,
la herida que lacera, es que ha logrado que en miles la humillación ceda paso
al orgullo, permitiéndoles mirar a los ojos a los dueños de las vidas y de las
cosas, sabiéndose mejores, reconociéndose portadores de una dignidad forjada
en siglos de resistencia y lucha. Y, quizás lo más grave, es que a
fuerza de trabajo, entrega y pasión militante, Milagro ha venido a demostrar
la profunda capacidad transformadora que anida en la organización de los
sectores populares.
Hoy Milagro Sala está privada de su
libertad, sin que exista un solo elemento que justifique el atropello. Su
ilegítima detención tiene lugar en un contexto de creciente criminalización de
la protesta social, y adquiere inusitada gravedad por cuanto solo ha podido
perpetrarse con el auxilio de una Justicia cooptada y cómplice de los sectores
políticos y económicos que, falazmente, pregonan por un Poder Judicial
independiente.
Sólo el cerco mediático imperante
explica que haya pasado desapercibido para el gran público, que el gobernador
de la provincia, entre gallos y medianoche, haya incrementado de cinco a nueve
los miembros Superior Tribunal Jujeño. La maniobra ha sido tan burda que la
ley que habilitó la ampliación de integrantes del máximo tribunal provincial
contó con el voto de dos diputados radicales que luego debieron renunciar para
asumir como miembros del mismo, mientras que un tercer integrante ha sido
legislador de la Unión Cívica Radical. Sumado a ello, dirigentes de la UCR,
familiares y aliados han sido nombrados en puestos claves del Poder Judicial,
y uno de los jueces que dispuso el desalojo del campamento de la Tupac fue
designado por el propio Gobernador, asumiendo el cargo en enero de este
año.
En este escenario, la Corriente de
Abogados Laboralistas 7 de Julio denuncia y repudia el avasallamiento a las
instituciones y la vulneración de los más elementales derechos, rechaza todo
intento de criminalización de la protesta social, y exige la inmediata
liberación de Milagro Sala, líder popular encarcelada por motivos
políticos.
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