Plan Conintes
¿Qué fue el Plan Conintes?
El Plan CONINTES refiere a una
serie de disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional mediante las
cuales se utilizó a las Fuerzas Armadas en la represión de
conflictos políticos al interior del país, al tiempo que se
suspendían las garantías constitucionales. El Plan fue ejecutado
durante la presidencia de Arturo Frondizi, primero en forma
secreta, desde el 14 de noviembre de 1958, y luego en forma
pública, desde el 13 de marzo de 1960 hasta el 12 de agosto del
mismo año. Sin embargo, dichos periodos fueron precedidos y
seguidos de otras modalidades represivas asociadas al Plan
CONINTES.
La dictadura autodenominada "Revolución libertadora",tras derrocar en septiembre de 1955 al presidente constitucional Juan Domingo Perón,inició un violento ciclo de disciplinamiento de la clase trabajadora, yde persecución política a ciudadanos identificados con el peronismo y el comunismo. Las políticas laborales y económicasque impuso el gobierno de facto del General Pedro Eugenio Aramburu y su segundo, el Almirante Isaac Francisco Rojas, generaronfuertes resistencias en las principales asociaciones de trabajadores. A la caída en la participación de los trabajadores en los ingresos y la subordinación de la política económica a los intereses de los grupos concentrados de poder, se sumó la proscripción del partido peronista, que representaba a la mayoría de los sectores populares.Los primeros focos de oposición a dichas políticas fueron encabezados por los gremios. La dictadura reaccionó sometiendo a los trabajadoresen conflicto a la movilización, figura que aludía ala incorporaciónal servicio civil para la Defensa Nacional, y que en la práctica implicó la intervención militarde las asociaciones, la sujeciónde los trabajadores al código de justicia militar y la detención en dependencias de las Fuerzas Armadas.
Los fundamentos de dicha disposición se encuentran en la Ley Nº 13.234 de Defensa Nacional, sancionada en 1948 por iniciativa del presidente Juan Domingo Perón, que en el marco de la normativa que organizaba al país para una guerra con otros Estados, autorizaba al Poder Ejecutivo a declarar por decreto Zonas de Guerra sometidas a la jurisdicción de las autoridades militares y al régimen disciplinario de los tribunales militares,en caso de catástrofes o emergencias graves que afectasen zonas importantes del territorio nacional.Durante la dictadura de 1955-1958 fueron movilizados los gremios de transportes, gráficos, Aerolíneas, ferroviarios, municipales, petroleros y bancarios.
Hacia fines de 1957 el gobierno anunció una reapertura democrática limitada, ya que mantenía la proscripción sobre el partido peronista. El 23 de febrero de 1958, Arturo Frondizi, representante de la Unión Cívica Radical Intransigente, fue electo presidente de la Nación, gracias al apoyo de una parte del electorado peronista, logrado mediante un acuerdo que comprometía la liberación de detenidos políticos y la legalización del peronismo.
El incumplimiento del acuerdo, junto a las presiones de las Fuerzas Armadas, que en representación de las corporaciones económicas presionaban por continuar con las políticas de ajuste laboral y liberalización de la economía, precipitó el reinició de la conflictividad social.
El primer hecho de magnitud de la lucha sindical contra la política económica de Frondizi lo constituyó a fines de octubre la acción de trabajadores de los yacimientos petrolíferos de Mendoza impulsada por radicales, comunistas y peronistas del Sindicato Unido de Petroleros del Estado (SUPE), en rechazo a la firma de contratos con empresas extranjeras para la explotación del petróleo. La huelga fue declarada ilegal por el gobierno nacional,que acusó a los activistas gremiales de formar parte de un movimiento insurreccional que respondíaal comunismo y al peronismo.El 11 de noviembre el presidente declaró el estado de sitio durante 30 días y la detención de más de ciento cincuenta representantes gremiales en distintas provincias, que justificó como "medida de carácter preventivo para sostener el orden público". El 14 de noviembre se dictó el Decreto Secreto Nº 9.880/58, que puso en vigencia el estado de Conmoción Interna del Estado, apoyándose en el estado de sitio decretado tres días ante. Este decreto, que dio inicio a la aplicación secreta del Plan CONINTES, estableció que las policías provinciales pasarían a estar bajo mando militar.
Ese mismo mes los trabajadores ferroviarios también fueron a la huelga por incumplimientos salariales. El 27 de noviembreel Estado Nacional decretó la ilegalidad de la medida de fuerza y la movilización del gremio, así como la constitución de Consejos de Guerra Especiales para juzgar las infracciones cometidas por los trabajadores ferroviarios. La profundización del accionar represivo se produjo en paralelo al lanzamiento del "Plan de Estabilización y Desarrollo", también conocido como "Plan de austeridad y sacrificio", que seguía los lineamientosde un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Pese a la intervención de la Fuerzas Armadas, el año 1959 estuvo marcado por el incremento de la conflictividad social. Sólo durante enero se sucedieron los siguientes hechos: represión de los trabajadores del FrigoríficoLisandro de la Torre, quehabían tomado la empresa en oposición a la privatización; movilización de la empresa Transporte de Buenos Aires;movilización de trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales; declaración de Zona Militar de Dock Sud, comprendida entre "Riachuelo, Río de la Plata, Avenida Mitre hasta Estación Sarandí (Ferrocarril Nacional General Roca) y Canal de Sarandí" , quedando bajo control operacional de la Secretaría de Aeronáutica y subordinándose la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Prefectura Naval Marítima con asiento y jurisdicción en dicha región a la misma; declaraciónde zona militar los partidos de Berisso y Ensenada y la ciudad de La Plata, quedando estos distritos bajo la dependencia del Comandante del Área Naval Río Santiago y supeditando a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y los miembros de Prefectura Naval Argentina de dicha región al comando militar de la Zona; intervención militar de la Federación Argentina Sindical de Petroleros (FASP), el Sindicato Unido Petroleros del Estado (SUPE), el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y la Unión Tranviarios Automotor (UTA); intervención militar de los sindicatos de textiles, metalúrgicos, de la carne, químicos, madereros y de la construcción.En el mes de septiembre, el Destacamento 1 "Buenos Aires" de la Gendarmería Nacional ocupó fábricas metalúrgicas (General Electric, Siam, Deker, Piazza, Tamet, Patrick), el Sindicato de la Carne, el Correo Central, el edificio YPF en Puerto Nuevo y Dock Sud, la planta transmisora de General Pacheco, centrales telefónicas, la Radio central Técnica, Volta, la planta YPF Dársena Sud y laboratorios y polvorines de YPF.
Pero el movimiento sindical no agotaba la resistencia a la dictadura: fuera de las asociaciones gremiales también había muchos hombres y mujeres con voluntad de luchar. A diferencia de los sindicalistas, que tenían su base en la empresa y la comisión interna, mucha de esta gente estaba totalmente privada de organización y de conducción. Sus antiguos dirigentes políticos, cuando los había, estaban presos o fugados o no se querían meter en problemas con la nueva situación. Comenzó un proceso molecular de reorganización militante.
En las ciudades argentinas se fueron organizando comandos locales, basándose en relaciones amistosas, barriales o profesionales. Su integración era policlasista, como lo era el movimiento peronista en su conjunto. Los componían obreros, empleados, comerciantes y estudiantes; no faltaban antiguos militares y policías exonerados. En la primera etapa, fue frecuente que dirigentes sindicales participaran y que otros, si no lo hacían, brindaran apoyo con sus agrupaciones gremiales. Los comandos emprendían acciones propagandísticas, agitativas (todas prohibidas por decreto) y también actos de sabotaje y atentados. No siempre su actividad principal era la detonación de explosivos, aunque ella puede haber sido la que tuvo más repercusión. Para el gobierno y los medios, fueron "terroristas". Ellos mismos justificaban su accionar como respuesta adecuada a la violencia que se ejercía desde el poder al ilegalizar su fuerza política.
El 16 de febrero de 1960 uno de estos grupos protagonizó un atentado a la planta Shell-Mex de Córdoba. La movilización solo podía ser aplicada a empresas, por lo que el gobierno decidió ampliar la acción represiva al resto de la sociedad. El 13 de marzo de 1960 el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 2.628, que ponía en "ejecución pública en todo el territorio" el estado de Conmoción Interior del Estado. Se dispuso que los Secretarios de Estado de las Fuerzas Armadas ordenaran a las autoridades de ejecución del Plan Conintes (Comandante en Jefe del Ejército Conintes y comandos equivalentes en Marina de Guerra y Aeronáutica) que hicieran efectiva la subordinación de las policías provinciales. Dos días después, el 15 de marzo de 1960, se dictó el Decreto Nº 2.639/60, sobre Represión del Terrorismo. Allí se manifestaba que, ante los reiterados actos de terrorismo que ponían en riesgo la seguridad pública, el Poder Ejecutivo se había visto obligado a prolongar el Estado de Sitio, adoptando "importantes medidas de carácter militar" con el objeto de frenar "esa acción terrorista, la cual se intentará continuar desarrollando, cada vez en más vasta escala." En virtud del estado de emergencia grave, contemplado en la Constitución Nacional, se otorgaba al Congreso y al Poder Ejecutivo los poderes de guerra y se sometía bajo jurisdicción militar a los implicados en actos de terrorismo y otros delitos conexos.
Las prácticas de persecución política y sindical llevadas adelante a partir de la implementación del Plan Conintes tuvieron un saldo de más de 5000 presos ilegales, constituyendo este plan represivo un antecedente del terrorismo de Estado desplegado por la última dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983.
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