CARTA
ABIERTA DRA. GABRIELA A. VAZQUEZ
Presidenta del
Consejo de la Magistratura Nacional
Buenos
Aires, 15 de diciembre de 2014
Estimados
Colegas:
Cuando asumí la presidencia del Consejo
de la Magistratura lo hice bajo el firme propósito de
hacer cumplir sus funciones esenciales. En estas
primeras semanas de gestión, he tomado decisiones que
son de público conocimiento que han generado las más
diversas reacciones. Me han llegado críticas y he
recibido una gran cantidad de manifestaciones de apoyo
desde distintos sectores. Por esta razón siento la
necesidad de dirigir este mensaje a todo el colectivo
judicial, sin importar sus simpatías y pertenencias por
colores o ideologías.
Cuento con un equipo de
profesionales con los que trabajamos intensamente desde
el primer día para activar el funcionamiento del Consejo
de la Magistratura y sacarlo de la virtual parálisis en
la que se encontró por largo tiempo en el cumplimiento
de algunas de sus atribuciones. Al llegar a la
Presidencia me encontré con un Consejo que –en lo que
hace a aspectos sustanciales atinentes a la
administración- carecía de fondos, con problemas en las
contrataciones, obras de infraestructura demoradas o
paradas, una considerable cantidad de denuncias contra
colegas sin resolución y retrasos para cubrir vacantes.
Estos son solamente algunos de los desafíos que recaen
en mi gestión y que sé que muchos desconocen.
La
primera medida que propuse –avalada por la mayoría del
Pleno- fue designar a un Administrador General de mi
confianza, quien cuenta con la idoneidad y la
experiencia necesarias para desempeñar el cargo.
Entiendo que el cambio de administrador –medida que ha
sido dispuesta por otros presidentes del Consejo en
conformaciones anteriores- permitirá llevar a la
práctica, de la manera más eficaz y rápida posible, mi
plan de gestión. Por otra parte, mantengo el compromiso
que asumí al hacerme cargo de la presidencia, basado en
dos premisas fundamentales: el manejo claro y eficiente
de los recursos y la rendición de cuentas en forma
periódica facilitada a través de la accesibilidad a la
información.
Los cambios estructurales a los que
aspiro requieren decisiones firmes, de lo contrario no
hay cambio posible. Para ello se adoptarán medidas
puntuales, serán revisados los mecanismos que demoren
mayor tiempo del necesario y el Administrador deberá
rendir cuentas regularmente de su gestión. Será el
tiempo, y principalmente Ustedes, quienes juzguen, con
los resultados a la vista, si las medidas adoptadas han
sido beneficiosas para el Poder Judicial en su conjunto
y para el efectivo cumplimiento de las funciones que la
Constitución Nacional y la ley le asignan al Consejo de
la Magistratura.
A menos de un mes de gestión,
hemos logrado que el
Plenario del Consejo se reúna en cuatro
oportunidades, sin contar la próxima reunión
que se realizará el día 18 de diciembre, para la cual
está prevista la desestimación consensuada de más de 70
denuncias contra magistrados y magistradas, que se suman
a las 5 desestimaciones decididas en el Plenario del día
3 de diciembre pasado.
En relación al grave
problema de los jueces de la Cámara Nacional
de Casación Penal, quienes llevan más de un
año de designados sin haber prestado juramento, envié
una nota a la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
indicando que se han cumplido los requisitos de
infraestructura necesarios para otorgar la habilitación
de la Cámara. Asimismo, solicité que se les tome
juramento a los jueces y que se los ponga en posesión
del cargo en el curso del corriente año. Para ello, me
comprometí a instalar el mobiliario y todo el
equipamiento informático y telefónico que permita el
correcto funcionamiento de la Cámara. Gracias a esta
gestión, y a la buena predisposición de la Corte
Suprema, el próximo 18 de diciembre se les
recibirá juramento a quienes resultaron designados para
integrar dicho órgano jurisdiccional (Acordada
38/14 CSJN).
En materia de
selección me he comprometido a dar
celeridad a los concursos y avanzar con la subrogancia
de Secretarios en los juzgados vacantes. Así, en la
primera sesión de la Comisión de Selección propuse la
designación de Secretarios y Secretarias en varios
juzgados de los fueros civil y de la seguridad social y
de la justicia federal del interior (Formosa). En esta
dirección seguiré avanzando en el futuro, porque estoy
convencida de que no es factible aceptar con criterios
de razonabilidad y eficiencia, que no existan jueces de
tiempo completo para atender juzgados, sobre todo
teniendo en cuenta el alto índice de litigiosidad, el
elevado número de vacantes y la lógica adaptación que
requiere el nuevo software del Poder Judicial (LEX100).
Por otra parte, durante este mes se están tomando los
exámenes de los concursos para la Cámara Federal de San
Martín, un Juzgado Federal de San Isidro y un Juzgado
Federal de Morón.
Recorrí diferentes obras con el
objetivo de interiorizarme acerca del
desarrollo y estado de inmuebles
del Poder Judicial, en particular las dependencias
destinadas a la instalación de cinco juzgados
comerciales y a la nueva Cámara Nacional de Casación
Penal. Dialogué con los responsables técnicos y
contratistas, y junto al Administrador General evaluamos
los progresos y demoras de cada una de estas
obras.
Deseo contarles también que comencé las
gestiones necesarias para la urgente reubicación
del destacamento policial que provee de
seguridad a los tribunales de Comodoro Py y de los 140
espacios para guardar los vehículos, a propósito de la
construcción de la Morgue Judicial que impulsa la Corte
Suprema. En relación con ello, no sólo he manifestado mi
preocupación por la seguridad de los magistrados y
funcionarios de los fueros criminal y correccional, sino
que el tema será un eje central en mi
agenda.
Estuve brevemente -en una estadía casi
relámpago, aunque muy intensa- en la Provincia de Salta.
Fue mi primera visita oficial al interior del
país, la primera de muchas para que el
Consejo esté cerca de las problemáticas de todas las
Cámaras Federales del país y de los Juzgados Federales
con asiento en las provincias.
En Salta
participé del décimo aniversario del Juzgado Federal de
Orán, en San Ramón de Orán, ciudad que se ubica a 300
km. de la Ciudad de Salta y a 50 km. de la frontera con
Bolivia. Es un juzgado que se encuentra en una frontera
caliente, con un altísimo número de causas por
contrabando, narcotráfico y trata de personas. También
mantuve una reunión con el Gobernador de la Provincia
Dr. Juan Manuel Urtubey y la Ministra de Justicia Dra.
Cintia Pamela Calletti. Me reuní con Magistrados y
Funcionarios de la jurisdicción y les transmití la
importancia de valorar y destacar la labor que hacen
tantos jueces federales desde sus lugares de frontera, a
veces en completa soledad. Asimismo, pudimos conversar
sobre el avance en los concursos destinados a cubrir
diversas vacantes, reactivar obras de infraestructura e
impulsar la pronta puesta en funcionamiento del Juzgado
Federal de Tartagal.
La semana pasada recibí al
Rector de la Universidad Nacional de La Matanza
Dr. Daniel Martínez, al Diputado Nacional
Presidente de la "Comisión de Ciencia y Tecnología" de
la Cámara de Diputados Martin Gil, al Secretario de
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de
la Nación Ing. Aldo Cavallero y a los jueces Federales
de San Justo designados para concretar la entrega de 25
millones de pesos por parte del Ministerio de Educación
dentro del programa "Universidad, Derecho y Justicia"
para la construcción de un edificio en el predio cedido
por la UNLAM (Universidad Nacional de La Matanza). Allí
funcionará la Cámara Federal de San Justo y los dos
Juzgados Federales creados por la ley 26.246. Este es un
proyecto que contribuirá a acercar a la universidad a la
sociedad, permitiendo a los estudiantes realizar allí
sus prácticas.
Asimismo, en concordancia con mi
permanente trabajo por los derechos de las mujeres, me
reuní con la titular de la Oficina de la Mujer de la
Corte Suprema de Justicia, Dra. Flora Ascelrad y la Dra.
Malena Errico, a cargo del área de género del Consejo de
la Magistratura. El objetivo del encuentro fue analizar
y profundizar el proceso de articulación referido a
incorporar la igualdad y equidad entre varones y mujeres
aspirantes al Poder Judicial, la capacitación para
las/os empleadas/os, magistradas/os y funcionarias/os
del Poder Judicial, las herramientas y metodologías para
las buenas prácticas de los operadores de Justicia (toma
de declaraciones a grupos vulnerables), como así también
para los usuarias/os del servicio de
Justicia.
También tuve una reunión de trabajo con
la Sra. Defensora General de la Nación, Dra. Stella
Maris Martínez, en la que se trataron diversos temas,
fundamentalmente orientados a que el Poder Judicial de
la Nación satisfaga adecuadamente la garantía de tutela
judicial efectiva.
En estas primeras tres semanas
de gestión hemos avanzado con firmeza, resolviendo de
manera directa y eficiente cuestiones largamente
demoradas; y así continuaremos durante esta gestión.
Deseo que las decisiones que se tomen en el Consejo sean
de público conocimiento para todos quienes integramos el
Poder Judicial de la Nación. Para ello, una vez al mes
los convoco a participar de la reunión abierta de
gestión de la presidencia, la cual oportunamente estaré
comunicando por este medio.
Para finalizar estas
líneas, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones
sobre un tema que no tuve oportunidad de explicar
adecuadamente en la tormenta mediática que se desató en
los días sucesivos: la sanción al Dr. Claudio Bonadío
por su actuación en las causas conocidas como “Tandanor”
y “Curtiembre Yoma”.
Para quienes objetan mi voto
favorable a la sanción del Dr. Claudio Bonadío,
argumentando no haber cumplido con las promesas
electorales de defender a nuestro estamento o de ser
“oficialista”, quiero manifestarles lo
siguiente:
1. Prometí dar celeridad a la
resolución de las denuncias hacia los
Magistrados y Magistradas y estoy cumpliendo con esa
promesa.
2. El dictamen acusatorio
promovido respecto del Dr. Claudio Bonadío fue
presentado antes de vencer el plazo de 3 años fijado por
la Ley 24.937 y el Plenario del 3 de diciembre
pasado era el último posible para el tratamiento de la
cuestión. Fue por ello que en la Comisión de Labor
previa al Plenario se decidió por unanimidad de todos
los consejeros la inclusión del expediente en el orden
del día. Creo importante recordar a los colegas que en
el anterior Plenario en el que dicha cuestión había sido
incluida debieron postergarse en bloque todos los temas
de disciplina por la imposibilidad de seguir sesionando,
por la irrupción en el Consejo de integrantes de la ONG
Madres del Dolor. Por lo tanto, la temporalidad
del tratamiento del caso “Bonadío” resulta
irreprochable, teniendo en cuenta la doctrina
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del Caso
“Pérez Catón” (Resolución 75/10, del 9-2-2010, en el
Expediente 2436/2009).
3. Las demoras
injustificadas en la instrucción penal de las causas
“Tandanor” y “Curtiembre Yoma” -que derivaron en la
imposición de una sanción pecuniaria al juez Bonadío-
fueron advertidas por los jueces de los Tribunales
Orales Federales que intervinieron en dichas causas,
quienes se vieron obligados a decretar la extinción de
la acción penal por prescripción. Vale decir que
magistrados de nuestro propio estamento, en el ejercicio
de sus funciones jurisdiccionales, se pronunciaron sobre
las demoras en cuestión. Concretamente, en el
caso Tandanor, el TOF interviniente aseveró, en la
sentencia del 23-2-2011: “corresponde dejar sentado que
el día 9 de diciembre de 2009, aproximadamente tres
años después de requerida la elevación a juicio por los
acusadores, el titular del Juzgado Federal n° 11 dispuso
la clausura de la instrucción y la elevación a
juicio” y uno de los magistrados postuló que se
ordenase la remisión de copias del expediente al Consejo
de la Magistratura “por la indebida extensión del
plazo procesal para la elevación a juicio de los
imputados”. Por otro lado, en el caso “Yoma” y por
unanimidad, los jueces del TOF, en el Considerando XIII
de la sentencia del 7-12-2010, señalaron: “Más allá de
lo resuelto entendemos que corresponde dejar a salvo
nuestra opinión respecto de ciertos aspectos relativos
al trámite que ha tenido la presente causa (…) el
trámite que se le imprimió al proceso en la etapa
instructoria demoró aproximadamente cinco años la
convocatoria de los acusados en los términos del
artículo 294 [llamado a indagatoria] del Código Procesal
Penal (…) y otros cinco para que el asunto se radicara
ante un tribunal oral…” y, con cita de jurisprudencia,
los Magistrados reprocharon la falta de eficiencia y
celeridad de la instrucción.
4. También quiero
poner en conocimiento de mis colegas que, en virtud del
principio de gradualidad de las sanciones, no
estaba dispuesta a acompañar el dictamen acusatorio
presentado por el consejero Álvarez, quien proponía la
apertura del jury de enjuiciamiento del colega
Bonadío, sino que, por las constancias obrantes
en el expediente, me limité a acompañar la propuesta de
una sanción disciplinaria.
5. Todos ustedes
sabrán que existen sectores que buscan llevar el
escenario electoral a la mesa del Consejo, con
acusaciones que implican un claro menosprecio al Cuerpo
colegiado que integro. El Consejo de la Magistratura es,
sin duda, un órgano político con una excesiva
composición de integrantes de partidos políticos (Ley
26.080). El desequilibrio de esta integración ha sido
más de una vez cuestionado desde la Lista Celeste, que
integro desde su creación. Sin embargo, no puedo
permitir que cada decisión que adopte libremente y de
acuerdo a mis convicciones –fundada en las
circunstancias particulares de los casos que llegan para
mi evaluación- se convierta en una batalla más de los
partidos políticos que ocupan una silla en este
Consejo.
6. Con soslayo de mis 33 años
de actividad judicial, se me acusa de no ser
independiente. Pero pasan por alto que los restantes
consejeros jueces debieron, como yo, trascender a la
politización del caso Bonadío. Resolver esta
denuncia exigía, como nos lo exige nuestra actividad
jurisdiccional diaria, trascender y hacer oídos sordos a
las coyunturas políticas o a las imposiciones externas
ajenas a los expedientes. Esa siempre ha sido
mi conducta en el ejercicio de la actividad judicial y
continuará siéndola.
7. Dicen que en mi campaña
me presenté en defensa de nuestro estamento y que en la
primera oportunidad voté en contra de “uno de los
nuestros”. Esa afirmación es falaz. Yo
prometí desestimar las denuncias infundadas y defender a
los jueces atacados por el contenido de sus sentencias.
Compromiso que en esta ocasión ratifico, defendiendo a
los jueces probos que cumplen adecuadamente el servicio
de justicia.
No tengo más que agradecerles las
múltiples manifestaciones de apoyo. Actuar de acuerdo a
las convicciones y pensando en la ciudadanía no es
gratuito. No temo a los desafíos porque quiero vivir,
como todos ustedes, en un país orgulloso de su Estado de
Derecho. Estoy trabajando y seguiré haciéndolo por una
justicia que brinde un servicio a la
gente.
Aprovecho la oportunidad para
desearles unas muy Felices
Fiestas.
Cordialmente,
Gabriela
A. Vázquez
Presidenta del Consejo de
la Magistratura de la
Nación
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