Estimados/as:
Algunos de los que compartimos la creación del Acuerdo de Seguridad Democrática hemos
visto con preocupación el carácter que está tomando la discusión
pública sobre seguridad a partir de las reacciones autoritarias en torno
del anteproyecto de reforma del código penal. Además de la gravedad de
los argumentos de la demagogia punitiva (aumentados por los discursos de
alerta en torno del narcotráfico) se ha instalado una lógica en la que
los referentes políticos compiten por liderar las propuestas de mayor
endurecimiento y el componente represivo se presenta como única
solución. Una competencia en la que se argumenta a partir de mentiras y
se desprecian las instancias institucionales de debate.
Estamos convocando a todas aquellas organizaciones políticas o sociales que adhirieron a los principios básicos del ASD, y también a quienes quieran sumarse en esta oportunidad, a suscribir el pronunciamiento breve ,
cuyos mensajes principales son el rechazo a los discursos de sesgo
demagógico y oportunista, y una apuesta a reencauzar los términos y
ámbitos de la actual discusión y, de cara a la sociedad, debatir con
claridad y rigor técnico, las
bases de una política criminal y de seguridad que sea democrática y
eficaz.
Muchos
tenemos críticas, modificaciones o agregados al anteproyecto de código
penal, pero creemos que hay que hacerlo por fuera de todo oportunismo
electoral o demagogia. Creemos fundamental explicitar que no se trata de
una defensa del anteproyecto, sino de rechazo a la lógica que adquirió
el debate.
Los
invitamos a acompañar esta iniciativa que haremos pública el día jueves
con el arco más amplio posible de sectores sociales y políticos.
Mandaremos a la brevedad la invitación con los detalles.
Recibimos las adhesiones en la casilla adhesiones.asd@gmail.com
Solicitamos la difusión a todos aquellos (instituciones, organizaciones, particulares) que puedan estar interesados en sumarse.
En
los últimos días se ha fortalecido un discurso oportunista de demagogia
punitiva que intenta consolidar un endurecimiento represivo fuera de
toda racionalidad democrática y especula con la desinformación de la
opinión pública.
Las
reacciones ante el tratamiento de un anteproyecto de ley para modificar
el Código Penal sirven de base para el despliegue de argumentos
autoritarios, tanto en su perspectiva penal, como en su desprecio por
las instancias de debate institucionales.
Están
en juego los principios democráticos que protegemos como sociedad y los
modos en que lo hacemos. Con la excusa de impedir el avance del
anteproyecto elaborado por una comisión redactora con representación de
diversas fuerzas políticas se impulsa una campaña basada en mentiras y
distorsiones informativas que intenta generar miedo para consolidar
proyectos políticos de corte antidemocrático.
Los
falacias demagógicas deben poner a la ciudadanía y a todo el espectro
político en estado de alerta: se trata de un ideario que sostiene sin
fundamentos que el aumento del poder de la policía, el incremento de las
penas y el encierro masivo son las soluciones a los problemas de
inseguridad.
Las
evidencias muestran la falsedad de esos planteos. Las políticas basadas
en el aumento de penas y el mayor encarcelamiento no reducen la
inseguridad ni desactivan las redes de criminalidad causantes de los
delitos que más preocupan a la población. Esas son las políticas que
fueron el eje de todas las reformas penales de los últimos veinte años
en el país y sólo aumentaron la violencia. La falta de democratización
de las fuerzas policiales produce día a día mayor violencia, altos
niveles de corrupción y connivencia con el crimen organizado y una gran
ineficacia para prevenir y reprimir el delito.
Problemáticas
complejas, como el narcotráfico, son usadas como coartada de modo
irresponsable para justificar y extremar recetas autoritarias. Pero
sabemos que la violencia no se resuelve con la guerra, ni dejándose
seducir por atajos que consolidan la discriminación social y empujan la
agenda de seguridad hacia la militarización.
A
las organizaciones sociales y políticas comprometidas con la democracia
y los derechos humanos nos preocupa que se instale una lógica en la que
los referentes políticos compiten por liderar las propuestas de mayor
endurecimiento y el componente represivo se presenta como única
solución. Competencia que, al mismo tiempo, erosiona los mecanismos
institucionales y las reglas básicas de la discusión en democracia: se
ha argumentado a partir de mentiras y se proponen caminos
inconstitucionales.
Desde
el Acuerdo para una Seguridad Democrática, creado con el propósito de
fomentar una discusión abierta y pluralista, basada en consensos mínimos
sobre las políticas públicas de seguridad en democracia, valoramos el
proceso de elaboración del anteproyecto en el que se comprometieron
diversas fuerzas políticas como base para una discusión amplia en el
Congreso y rechazamos el intento de clausura del debate. Muchos de los
firmantes de este documento tenemos críticas, modificaciones o agregados
al anteproyecto, pero creemos que hay que hacerlo por fuera de todo
oportunismo electoral o demagogia, que luego cobra víctimas que vuelven a
servir para construir una nueva demagogia, en un círculo vicioso que
urge
superar.
Buscamos
reencauzar los términos y ámbitos de la actual discusión y, de cara a
la sociedad, debatir con claridad y rigor técnico, las bases de una
política criminal y de seguridad que sea democrática y eficaz, que para
serlo no necesita tirar por la borda las mismas libertades públicas que
forman parte de la calidad de vida que necesitamos defender.
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