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Organizaciones y referentes de la justicia rechazan la ley de restricción de excarcelaciones
Las organizaciones y funcionarios firmantes repudian el proyecto de ley
aprobado esta tarde por la Legislatura Bonaerense, a partir de la
propuesta del gobernador Daniel Scioli, de limitar las excarcelaciones
en caso de portación ilegítima de armas de fuego. La justificación de
este nuevo proyecto es que permitirá controlar la circulación de armas
y, como consecuencia, reducir los delitos más violentos.
Nuevamente, el poder político insiste en la demagogia punitiva que
procura responder a las demandas sociales de seguridad con el
endurecimiento del sistema penal. Bajo estos mismos argumentos, en los
últimos años se impulsaron más de treinta reformas procesales y los
resultados han sido un fracaso. Ante la persistencia de los problemas,
se propone una nueva ley que tampoco impactará sobre el mercado ilegal
de armas ni reducirá la violencia. Es falso que esta medida sea la
solución a la preocupación social por el uso de armas de fuego. En
términos de una política de seguridad seria, sustentada en diagnósticos
empíricos, las armas circulan porque el mercado ilegal está protegido y
controlado por las mismas autoridades policiales. El propio Senado
provincial, en el informe sobre el “Caso Candela”, advirtió sobre la
degradación y la inserción de redes ilegales en la Policía Bonaerense.
Las autoridades y las distintas fuerzas políticas siguen evadiendo la
responsabilidad de atacar ese mercado y romper las redes que lo
sostienen. Diversos expertos en políticas de desarme han manifestado que
esta iniciativa es la opuesta a la que se debería impulsar.
Para dar respuesta a las graves fallas en materia de seguridad e
investigación criminal, no se requiere más encarcelamiento preventivo,
sino avanzar en reformas institucionales y voluntad política de atacar
los verdaderos problemas. Las respuestas simbólicas de este tipo, además
de alimentar la retórica, tienen un impacto muy profundo en los barrios
populares, que son los que sufren la persecución y el hostigamiento
policial, mientras los dueños de los negocios circulan libremente.
En contradicción con lo que se sostiene públicamente, esta ley
profundizará la lógica de trabajo policial, que redunda en detenciones
ilegítimas, plantado de prueba y, en los casos más extremos,
ejecuciones. Ampliar los márgenes de acción de los funcionarios
policiales durante las detenciones, bajo la excusa de atacar el mercado
ilegal de armas, implica legitimar las políticas de endurecimiento penal
que sólo recaen sobre los jóvenes y los sectores sociales más pobres.
Esto, sin dudas, implicará una grave amenaza para la vigencia de los
derechos humanos en la provincia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos han afirmado en reiteradas
oportunidades que no pueden existir delitos no excarcelables y que la
única posibilidad de privar de libertad a un individuo sin condena es
por la acreditación de peligro procesal. Además de este vicio de
inconstitucionalidad, la nueva ley no responde a una política de
seguridad democrática y consistente y aumentará la cantidad de detenidos
en condiciones absolutamente indignas. Alimentar la demagogia punitiva
tiene altos costos sociales, aunque pueda verse como una táctica
política beneficiosa en el presente.
Asociación Civil La Cantora Asociación Pensamiento Penal (APP) Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) Comisión Provincial por la Memoria (CPM) |
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